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PARLA ES, PRESUNTAMENTE, EL EJEMPLO PALMARIO DE QUE LA PÚNICA ES UN INSTRUMENTO TRANSVERSAL DE FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP Y EL PSOE

Como ya todos sabemos, la Operación Púnica es una operación contra una forma de corrupción cimentada básicamente en la adjudicación de concesiones y de contratos de servicios públicos, a cambio, presuntamente, de pagos y comisiones ilegales a políticos y empleados públicos. El pretexto esgrimido por quienes contrataron, desde los gobiernos locales, con Cofely, es el de que la privatización iba a suponer un ahorro en la factura energética de sus municipios. La trama que movió en torno a 250 millones de euros en adjudicaciones pagaba un porcentaje (que oscilaba entre el 2 y el 3% de la adjudicación) a los «benefactores». Están implicados en ella el PP y el PSOE aunque también hay un alcalde independiente, lo que viene a demostrar que, en España, la corrupción es transversal y no hace asco ni a siglas, ni a colores políticos.
Entre los «benefactores» de la rama política, en la región de Madrid, están, el ex Consejero de Presidencia y Transportes y mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados (en prisión preventiva) y varios alcaldes de la Comunidad de Madrid; el de Parla (José María Fraile, del PSOE); el de Valdemoro (José Carlos Boza, del PP), junto con Alfredo Ovejero López, su jefe de gabinete; así como los de Torrejón de Velasco (Gonzalo Cubas Navarro, del PP), Casarrubuelos (David Rodríguez Sanz, del PP); y Serranillos del Valle (Partido Independiente UDMA); el técnico municipal de dicho municipio, Marco Durán Benítez; y el Concejal Adjunto de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Móstoles, Alejandro de Utrilla.
Fuera de nuestra Comunidad destacan, el Secretario Técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Jesús Norberto Galindo; la directora general del Instituto de Turismo de Murcia, Mariola Martínez; el jefe de Gabinete del consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de Murcia, José Fidel Saura; el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa; y el Presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. Entre los imputados, también figuran empresarios y 5 altos directivos de la empresa Cofely.
El procedimiento explicado en lenguaje sencillo consistía en que el «equipo» de Granados contactaba con los alcaldes o responsables políticos para mediar a favor de una empresa, principalmente Cofely, filial de GDF Suez, una eléctrica francesa, aunque han aparecido otras empresas implicadas (Indra, p.ej.) En el caso de Parla, Cofely se hizo con el mantenimiento energético del municipio. Supuestamente Granados y su amigo Marjaliza ofrecían comisiones o sobornos para que se adjudicara a la empresa que ellos proponían, en este caso, la francesa. Para ello se amañaban las condiciones, los pliegos, el procedimiento de adjudicación etc. de forma que la empresa que interesaba era la elegida.
Centrándonos en nuestra ciudad, además del Alcalde, José María Fraile, están involucrados, Antonio Borrego Fortea, Jefe Gabinete de Alcaldía de Parla; Avelino Pérez Pallarés (IU), Asesor de sostenibilidad, obras y mantenimiento de edificios públicos; Elena María Fernández Pérez, ingeniera municipal; y Victoria Muñoz Agüera (PSOE), ex concejala de Obras Públicas. Los 4 primeros fueron detenidos por la Guardia Civil, en el transcurso de la primera fase de la operación. Todos están imputados.
En Parla, la Púnica afecta a la adjudicación del contrato de mantenimiento energético del municipio durante quince años. La clave estaba en poner a Cofely como intermediaria entre el Ayuntamiento y la suministradora de electricidad, Iberdrola. Para ello se utilizó la misma cantinela: “esto va a redundar en un ahorro en la factura de la luz del municipio”.
Presuntamente, los implicados amañaron el concurso para adjudicarlo a Cofely, aplicando un modus operandi bastante enrevesado. Se valieron de una supuesta Consultora independiente “de eficiencia eléctrica”, bautizada como “Ruta Energética”, que en realidad era una tapadera, propiedad de David Marjaliza (uno de los presuntos cerebros de la trama). Presuntamente, dicha “Consultora” se encargó de redactar “las recomendaciones técnicas” que sirvieron de base para redactar los pliegos del concurso energético, con el claro objetivo de que, al final, la mejor de las opciones fuese, como no, Cofely.
Según el juez Velasco, Elena María Fernández Pérez, ingeniera municipal, la funcionaria que pedía archivar de forma definitiva su caso, «quebrantó» indiciariamente su deber de «sigilo» y permitió al jefe comercial de Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, hacer «aportaciones relevantes» en la redacción de los pliegos del contrato, que ascendía a 66.137.413,00 euros.
Y os preguntaréis de dónde salía el dinero pues, si se incrementaba el monto del contrato, o se desviaba una parte del dinero, el Interventor, o Hacienda, podían verlo. Ahí sí que fueron muy listos porque en el contrato (aparentemente legal) se estipulaba que la empresa Ruta Energética se encargaba de auditar el “programa de eficiencia energética” a costa del municipio. Para entendernos el Ayuntamiento (con el dinero de los ciudadanos) pagaba un servicio ficticio, o al menos innecesario, con el claro objetivo de pagar a los intermediarios y llevarse la comisión que, presuntamente, luego se repartirían.
Quienes intervinieron en el tinglado pactaron un pago único de 300 000 euros, más 40 000, durante 3 años en concepto de encuestas, más 160 000 por auditoría y control. En total, 2,4 millones en 15 años, sobre un Contrato ascendente a 66.137.413,00 euros.
El Juez Velasco sostiene que estos contratos se negociaron bajo cuerda con los regidores, y que es sui géneris la cláusula que recoge el pacto existente entre el Consistorio y Cofely para que esta última realizara la auditoria que les posibilitaba cobrar el 2 – 3 %. Al parecer, en este entramado están involucrados el anterior alcalde y los otros cuatro imputados.
La Fiscalía y los investigadores creen que el contrato estuvo amañado desde el principio. Y que dos de los principales imputados en el caso, el ex senador y ex Consejero madrileño de Presidencia, Francisco Granados, y su amigo el empresario David Marjaliza, actuaban como intermediarios entre Cofely y el Ayuntamiento de Parla.
En Parla fue con este servicio; en otros lugares utilizaron el negocio de los colegios concertados, con diferentes adjudicaciones que están siendo investigadas porque no está claro si se hicieron porque era una buena oferta o porque mediaban comisiones.